La amenaza de desalojo que pesa sobre la Escuela Ñande Kokue y más de un centenar de familias campesinas de Montecarlo abrió una nueva instancia de negociación entre organizaciones sociales, docentes y autoridades provinciales. Este lunes, tras varias horas de reunión en Casa de Gobierno, se acordó conformar una mesa de diálogo para intentar frenar una medida judicial que podría desarticular un proyecto educativo y productivo con más de una década de desarrollo en la zona.
El conflicto se originó a partir de una orden emitida el 28 de mayo por el Juzgado Civil y Comercial N°1 de Eldorado, que dispuso el desalojo de los lotes 49 y 50 de Montecarlo. La medida impacta de lleno sobre el espacio donde funciona la Escuela Ñande Kokue y el Bachillerato Orientado Provincial N°126, además de las chacras agroecológicas de las que dependen unas 112 familias vinculadas al Movimiento Campesino de Liberación (MCL).
La situación tomó visibilidad pública la semana pasada, cuando docentes, estudiantes y productores se movilizaron durante una reunión de intendentes y funcionarios provinciales realizada en Montecarlo. Allí reclamaron la intervención del Estado para impedir el desplazamiento de las familias y preservar el proyecto educativo construido en el territorio.
Como respuesta, el ministro de Coordinación de Gabinete, Carlos Sartori, convocó a una audiencia que se realizó este mediodía en Posadas. Tras tres horas de intercambio, las partes firmaron un acta en la que se acordó avanzar en una mesa de negociación entre los ocupantes del predio y la empresa forestal La Misionera S.A., con el objetivo de encontrar una salida al conflicto y evitar el desalojo previsto para el próximo 11 de junio.
Un proyecto educativo y productivo en riesgo
El predio en disputa abarca alrededor de 80 hectáreas y tiene una historia ligada a un frustrado proyecto de parque provincial. Ante la falta de avances oficiales, el espacio fue recuperado hace quince años por familias agricultoras que desarrollaron allí un modelo de producción agroecológica y organización comunitaria.
En ese territorio funciona una escuela primaria, una secundaria para jóvenes y adultos y distintas propuestas de formación vinculadas al trabajo rural. Según explicó el docente Rubén Ortiz, el establecimiento cuenta actualmente con 83 estudiantes, 18 profesores y más de medio centenar de egresados.
“Si se concreta el desalojo, desaparece un proyecto educativo integral que llevó años construir”, advirtió el educador antes de ingresar a la reunión con las autoridades provinciales.
Además de las actividades pedagógicas, la comunidad sostiene una intensa producción agrícola. Yerba mate, mandioca, maíz, porotos, zapallos, maní, batata y una amplia variedad de verduras forman parte de un esquema productivo basado en prácticas agroecológicas y sin utilización de agroquímicos.
Para los integrantes del MCL y del Movimiento Pedagógico de Liberación (MPL), el conflicto trasciende la discusión por la tierra y pone en debate un modelo de desarrollo rural. En ese sentido, cuestionan la falta de reconocimiento institucional a una experiencia que combina educación, producción y organización comunitaria.
Mientras avanza la negociación, las familias permanecen en estado de alerta. El futuro de Ñande Kokue dependerá ahora de los resultados que arroje la mesa de diálogo impulsada por el Gobierno provincial, a pocos días de la fecha fijada para ejecutar la orden judicial.