El abogado especializado en Derechos Humanos, Javier Garín, presentó una nueva denuncia penal contra el presidente Javier Milei y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, por presuntos delitos de malversación de caudales públicos, peculado, incumplimiento de deberes de funcionario público y abuso de autoridad.
La presentación judicial quedó radicada bajo el expediente CFP 1557/2026 en el Juzgado Federal N.º 1, a cargo de la jueza María Romilda Servini, y apunta al supuesto uso de la flota presidencial y recursos del Estado para actividades de carácter privado y político-partidario en el exterior.
Según la denuncia, el Gobierno nacional proyecta además duplicar el presupuesto destinado a viajes internacionales durante este año. En el escrito, Garín sostuvo que estas erogaciones “afectan al erario público” y contradicen el discurso oficial de austeridad fiscal que se utiliza para justificar recortes en distintas áreas sensibles.
“Los viajes al exterior significan considerables erogaciones que afectan al erario público y se dan de bruces con la pregonada austeridad presupuestaria”, señala la presentación, en referencia a los ajustes aplicados sobre jubilaciones, hospitales y programas vinculados a personas con discapacidad.
El abogado también afirmó que “lo más grave” sería el “sistemático desvío de fondos públicos para fines particulares”, al considerar que muchos de los viajes realizados por el mandatario tuvieron objetivos ajenos a la gestión estatal.
“77 viajes y 17 países”
De acuerdo con la denuncia, basada en información oficial y periodística, el presidente habría realizado 77 viajes internacionales y visitado 17 países en poco más de dos años de gestión.
Garín sostiene que gran parte de esas giras estuvieron destinadas a promover la figura personal del mandatario, participar en conferencias ideológicas, recibir premios, brindar entrevistas y respaldar espacios políticos vinculados a sectores de ultraderecha internacional.
Entre los casos mencionados aparecen actividades relacionadas con el partido Vox en España y expresiones de apoyo al dirigente húngaro Viktor Orbán.
“El dinero de los argentinos no puede utilizarse para hacer campaña a favor de figuras extranjeras o asistir a convenciones ideológicas”, expresó el letrado, quien además consideró que existe una “confusión inaceptable entre los intereses personales del Presidente y los del Estado”.
Finalmente, el denunciante sostuvo que los hechos podrían constituir una violación a la Ley de Ética Pública y advirtió sobre el impacto político e institucional de este tipo de prácticas.