El Gobierno nacional oficializó la creación de un programa destinado a detectar y bloquear teléfonos celulares dentro de los establecimientos penitenciarios, con el objetivo de impedir que personas privadas de su libertad utilicen dispositivos móviles para planificar y coordinar delitos desde las cárceles.
La medida fue establecida mediante la Resolución 806/2026 del Ministerio de Seguridad Nacional, publicada este martes en el Boletín Oficial y firmada por la titular de la cartera, Alejandra Monteoliva.
El programa busca, según la resolución, prevenir, disuadir y neutralizar conductas vinculadas al uso de tecnologías de telecomunicaciones que puedan representar un riesgo para la seguridad pública. En particular, apunta a evitar que organizaciones criminales utilicen celulares para mantener comunicaciones y coordinar maniobras ilícitas con integrantes alojados en establecimientos penitenciarios.
Cómo funcionará el bloqueo
El mecanismo contempla la identificación de tres elementos asociados a cada teléfono detectado dentro de una cárcel: el IMEI, que permite identificar el dispositivo; el IMSI, relacionado con la línea utilizada; y el número telefónico correspondiente.
Una vez obtenida esa información, será remitida a las empresas de telefonía móvil, que deberán proceder al bloqueo de los dispositivos y líneas identificados.
La iniciativa, sin embargo, tendrá carácter voluntario para las provincias. Cada jurisdicción que decida incorporarse deberá hacerse cargo de los costos vinculados con la adquisición, instalación, mantenimiento y supervisión de los equipos destinados a detectar los teléfonos.
La Subsecretaría de Articulación Federal será la encargada de coordinar la implementación con las provincias que adhieran al programa.
Además, el Ministerio de Seguridad Nacional concentrará la gestión de los pedidos de bloqueo ante las compañías telefónicas. De esta manera, las provincias no podrán solicitar directamente a las empresas la inhabilitación de una línea detectada dentro de una unidad penitenciaria.
La medida forma parte de la estrategia del Gobierno para reforzar los controles dentro de las cárceles y limitar el uso de dispositivos de comunicación que puedan ser utilizados para sostener redes delictivas desde el interior de los establecimientos penitenciarios.