La situación denunciada en la Escuela N.º 823 de Montecarlo no puede ser tomada como un episodio menor.
Según información aportada por integrantes de la comunidad educativa, se habrían detectado verduras y carne destinadas al comedor escolar que no se encontraban en condiciones adecuadas. La situación habría sido comunicada a la Supervisión Escolar y, de acuerdo con el relato recibido, la supervisora González habría reconocido el estado de los alimentos y anunciado que concurriría al establecimiento el martes.
El martes llegó. Y, siempre según la comunidad educativa, la supervisora no se presentó.
A partir de ahí surge una pregunta que las autoridades deberían responder públicamente:
¿Qué pasó con los controles?
No se está hablando de una cuestión administrativa sin consecuencias. Se está hablando de alimentos destinados a niños que concurren diariamente a una escuela.
Y si una trabajadora fue quien detectó el problema y tuvo que advertirlo, corresponde saber dónde estaba funcionando la cadena de control que debía prevenir una situación de este tipo.
El Estado dice que controla. Entonces, ¿qué ocurrió en la Escuela 823?
La Provincia cuenta con una Dirección de Nutrición Escolar dentro del Ministerio de Educación. Según información oficial, el área trabaja con equipos de nutricionistas distribuidos en las Secretarías Escolares y acompaña el Programa de Comedores Escolares.
También se han anunciado capacitaciones sobre Buenas Prácticas de Manufactura destinadas a mejorar la calidad y seguridad alimentaria de los comedores.
Todo eso está muy bien.
Pero las políticas públicas no se miden solamente por lo que dicen los comunicados oficiales.
Se miden por lo que ocurre en las escuelas.
Y en la Escuela 823 hay una situación que necesita una explicación.
¿Intervino Nutrición Escolar?
¿Quién verificó la carne y las verduras?
¿Se retiraron los alimentos?
¿Se realizó una inspección?
¿Se labró un acta?
¿Se informó al Consejo General de Educación?
¿Qué medidas se tomaron después de la advertencia?
Son preguntas básicas. Y la comunidad educativa tiene derecho a conocer las respuestas.
Sin favoritismos políticos
Este caso tampoco debería convertirse en una pelea entre oficialismo y oposición.
No importa quién gobierna Montecarlo.
No importa quién conduce el Consejo General de Educación.
No importa quién ocupa el Ministerio de Educación.
No importa quién gobierna la provincia.
Cuando se trata de la alimentación de los chicos, la responsabilidad institucional está por encima de cualquier partido político.
Por eso también corresponde preguntar a las autoridades municipales y provinciales que tengan competencia en la materia qué conocimiento tuvieron de la situación y qué intervención realizaron, si correspondía.
La crítica no debería tener colores partidarios.
Si el oficialismo tiene una responsabilidad, debe responder.
Si un funcionario no cumplió con su tarea, debe explicar qué ocurrió.
Y si los controles funcionaron correctamente, las autoridades también tienen la obligación de demostrarlo con información concreta.
Lo más grave sería que nadie controle
Hay una cuestión que no puede perderse de vista.
Si los alimentos estaban efectivamente en mal estado, alguien deberá explicar cómo llegaron hasta la escuela.
Si no lo estaban, también debería explicarse cómo se verificó su aptitud.
Y si una autoridad fue advertida de una posible irregularidad, debe conocerse qué hizo después.
Porque el sistema no puede depender exclusivamente de que una cocinera, una docente o un integrante de la comunidad educativa detecte un problema.
El control debería existir antes.
Antes de que la comida llegue a la cocina.
Antes de que sea preparada.
Antes de que llegue al plato de un alumno.
Y, sobre todo, antes de que exista el riesgo de que un niño termine afectado.
¿Qué habría pasado si un alumno se intoxicaba?
Esta es la pregunta que no debería esquivarse.
¿Qué habría ocurrido si los alimentos eran consumidos?
¿Quién habría asumido la responsabilidad?
¿Quién habría explicado por qué llegaron hasta allí?
¿Quién habría respondido ante las familias?
¿Quién habría investigado la cadena de controles?
No hace falta esperar una intoxicación para hacerse esas preguntas.
Precisamente para eso existen los controles.
La Ley 26.061 establece la responsabilidad indelegable del Estado en la protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes, incluyendo su derecho a la salud.
Por eso, cualquier situación vinculada con alimentos destinados a alumnos merece una respuesta seria, documentada y pública.
Sin miedo y sin censura, pero también sin inventar
Informar sin favores políticos significa preguntar lo mismo cuando gobierna uno u otro.
Significa no mirar para otro lado cuando la situación ocurre en una institución pública.
Significa no callarse para proteger a un funcionario.
Pero también significa no inventar culpables.
La responsabilidad periodística es contar lo que se conoce, identificar lo que está denunciado, pedir explicaciones y exigir que las autoridades respondan.
En la Escuela 823 hay demasiadas preguntas abiertas.
Y ninguna debería quedar escondida detrás de una oficina, una excusa administrativa o una disputa política.
Los chicos no tienen partido político.
La comida que reciben tampoco.
Por eso las autoridades deben explicar qué ocurrió, qué controles se realizaron y qué medidas se adoptaron.
Porque cuando se trata de la seguridad y la alimentación de los alumnos, el Estado tiene que estar antes del problema, no después.