Una fuerte controversia se generó en la localidad de Guaraní tras la denuncia por la retirada de al menos una treintena de perros desde una vivienda particular, cuyo destino hasta el momento no fue informado oficialmente por las autoridades.
Según manifestaron vecinos, los animales habrían sido retirados por el municipio con la promesa de ser trasladados “bien lejos”, aunque no existen precisiones sobre el lugar al que fueron llevados ni sobre su estado actual.
Interrogantes sin respuesta
El caso abre una serie de preguntas que aún no tienen aclaración:
¿Dónde fueron trasladados los animales?
¿Intervino un médico veterinario?
¿Se realizó algún tipo de control sanitario o historia clínica?
En caso de eutanasia, ¿quién la autorizó y bajo qué criterios?
Hasta el momento, no se difundió documentación oficial que respalde el procedimiento.
Por su parte, organizaciones protectoras de animales de la zona indicaron desconocer la situación, mientras que desde el área de zoonosis del municipio de Oberá señalaron que no tienen injerencia en el hecho.
Pedido de informe en el Concejo
En este contexto, trascendió que la concejal Lorena Sosa habría presentado un pedido de informes para esclarecer lo sucedido con los perros pertenecientes a la familia Sokalki.
El tema también comienza a generar repercusiones en el ámbito político local, en medio de cuestionamientos a la gestión del intendente Vargas y al funcionamiento del Concejo Deliberante, donde vecinos denuncian falta de respuestas ante reclamos reiterados.
Qué dice la ley sobre la eutanasia animal
La legislación vigente establece que la eutanasia animal:
No está prohibida, pero solo puede aplicarse en casos justificados.
Debe ser decidida exclusivamente por un médico veterinario.
Se permite únicamente ante enfermedad terminal, sufrimiento irreversible, riesgo sanitario o agresividad extrema sin posibilidad de recuperación.
Debe realizarse con métodos humanitarios y quedar documentada en una historia clínica o acta profesional.
El incumplimiento de estos requisitos puede configurar maltrato animal y derivar en sanciones administrativas e incluso penales.
Un caso que exige respuestas
Mientras crece la preocupación social, vecinos reclaman transparencia y respuestas concretas sobre el destino de los animales.
La falta de información oficial no solo alimenta la incertidumbre, sino que también abre el debate sobre los procedimientos utilizados y el cumplimiento de las normativas vigentes en materia de bienestar animal.
Con información de Infomate- diario digital