Guaraní: revés para el fiscal en la causa por los 23 perros y aval judicial para las protectoras

Guaraní: revés para el fiscal en la causa por los 23 perros y aval judicial para las protectoras

La causa por los 23 perros retirados en Guaraní, que mantiene bajo la lupa judicial al intendente Miguel Vargas, sumó un nuevo capítulo de alto impacto. El juez Horacio Alarcón resolvió rechazar la oposición presentada por el fiscal Elías Bys y confirmó la participación activa de las asociaciones protectoras dentro de la investigación.

En una resolución considerada clave para el avance del expediente, el magistrado sostuvo que las entidades protectoras cuentan con legitimación para intervenir como querellantes particulares debido al carácter colectivo del bien jurídico protegido: el bienestar animal. Además, remarcó que la incorporación de estas organizaciones no desplaza el rol del Ministerio Público Fiscal, sino que fortalece el impulso de la acción penal.

La decisión judicial reconoce como parte querellante a la Fundación Dante Piesco y a otras asociaciones co-presentantes, aunque algunas deberán completar documentación administrativa vinculada a la vigencia institucional y personería jurídica actualizada.

El fallo representa un fuerte revés para la postura sostenida por el fiscal Bys y, al mismo tiempo, abre la puerta para que las protectoras tengan acceso directo al expediente, puedan aportar pruebas, solicitar medidas y acompañar activamente la investigación en una causa que generó indignación social en distintos puntos de Misiones.

Desde el entorno de las asociaciones adelantaron que en las próximas horas impulsarán nuevas medidas para intentar esclarecer el destino de los animales retirados y determinar posibles responsabilidades penales. La principal incógnita continúa siendo la misma: dónde están y en qué estado se encuentran los 23 perros.

El caso impacta de lleno sobre la gestión del intendente Vargas, mientras crecen los cuestionamientos públicos y el reclamo de transparencia. Con esta resolución, la Justicia quedó ahora bajo presión para profundizar la investigación de un expediente que dejó de ser un conflicto administrativo y pasó a convertirse en una causa de fuerte repercusión social en la provincia.

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