Puerto Iguazú. Un comerciante de la zona industrial denunció que personal de EMSA retiró el medidor de su establecimiento, lo dejó sin suministro eléctrico y posteriormente le informó que debía afrontar una multa cercana a los $5 millones por una presunta derivación irregular de energía.
Se trata de Pablo Rocha, propietario de una carnicería especializada en productos porcinos ubicada sobre la avenida Papa Francisco. En diálogo con Radio Yguazú, el comerciante rechazó la acusación y aseguró que la instalación eléctrica fue realizada por un profesional y supervisada por él mismo.
La situación representa un problema urgente para el comercio, ya que depende de la electricidad para mantener en funcionamiento freezers y heladeras donde conserva mercadería perecedera.
«“Desde ayer estoy sin luz. Tengo mucha carne guardada en los freezers y no puedo trabajar. Vienen los clientes y no los puedo atender porque tampoco puedo estar abriendo los equipos y perder el frío”, relató Rocha.»
Pagaba más de $200 mil por mes de electricidad
El comerciante explicó que sus facturas de energía rondaban habitualmente entre $210.000 y $220.000 mensuales, por lo que sostuvo que venía abonando normalmente el servicio.
Según su relato, hace aproximadamente dos meses personal de la empresa eléctrica se presentó en el lugar y le exigió modificar parte de la instalación exterior. Entre otras cuestiones, debía reemplazar una antigua caja metálica por una de plástico y realizar cambios en el caño correspondiente.
Rocha afirmó que cumplió con las indicaciones, aunque cuestionó que otros establecimientos de la zona continuarían utilizando las antiguas cajas metálicas.
También explicó que la conexión eléctrica ya se encontraba habilitada cuando adquirió la propiedad, hace aproximadamente cuatro años.
Había pedido que le cambiaran el medidor
Uno de los puntos que genera mayor controversia es el estado del medidor retirado.
Rocha aseguró que el aparato estaba deteriorado y que él mismo había solicitado anteriormente su reemplazo porque los números no podían visualizarse correctamente.
Sin embargo, según denunció, terminó sin suministro eléctrico y con el medidor retirado.
De acuerdo con la notificación que recibió, la empresa habría detectado una presunta “derivación de energía”, es decir, una conexión que permitiría alimentar otro sector de la propiedad sin que el consumo pasara por el medidor.
El comerciante tiene su vivienda detrás del local, pero negó categóricamente que exista una conexión clandestina.
Además, cuestionó el video que le habrían exhibido como parte de la supuesta prueba.
«“El proceso que me muestran en ese medidor está totalmente adulterado. Yo estuve cuando se hizo el trabajo, contraté al electricista, lo comprobamos y lo testeamos. No era así”, afirmó.»
La sorpresa: una multa de casi $5 millones
Cuando Rocha acudió para buscar una solución y recuperar el suministro, aseguró que recibió otra noticia preocupante: debería pagar aproximadamente $5 millones por la presunta irregularidad detectada.
Aunque le ofrecieron un plan de pagos, sostuvo que la suma resulta imposible de afrontar para su comercio.
«“Las ventas están muy, pero muy bajas. Estamos tratando de salir adelante. Hace unos ocho meses que tenemos la chanchería y estamos formando nuestra clientela, pero hoy está muy difícil. No tengo cinco millones de pesos para pagar”, explicó.»
Mientras continúa la discusión administrativa, el comercio permanece sin electricidad, no puede trabajar con normalidad y la mercadería perecedera corre riesgo de perder la cadena de frío.
Una contradicción que también deberá ser explicada
Rocha agregó otro dato que considera llamativo.
Al comunicarse con el 0800 de la empresa, aseguró que le informaron que en los registros figuraría que durante mayo se habría realizado un cambio de medidor en su propiedad.
El comerciante sostiene que eso nunca ocurrió.
Según su versión, el aparato retirado sería precisamente el mismo medidor antiguo cuyo reemplazo venía reclamando porque no podían leerse correctamente sus números.
El caso plantea varios interrogantes que deberán ser aclarados:
¿Se cambió realmente el medidor en mayo, como indicarían los registros?
¿Por qué continuaba instalado el aparato antiguo?
¿Cómo se determinó técnicamente la presunta derivación irregular?
¿Sobre qué cálculo se estableció una multa cercana a los $5 millones?
¿Por qué se exigió modificar la caja del medidor mientras otras instalaciones aparentemente continúan utilizando estructuras anteriores?
La denuncia no solo pone bajo la lupa el procedimiento realizado, sino también el impacto que una medida de este tipo puede tener sobre un pequeño comerciante que necesita del suministro eléctrico para mantener funcionando su negocio.
Desde Radio Yguazú se buscará conocer la versión de EMSA y de sus responsables en Puerto Iguazú, para que puedan explicar los fundamentos técnicos de la medida y ejercer el correspondiente derecho a réplica.
Mientras tanto, Rocha permanece sin luz, con mercadería perecedera en riesgo y frente a una multa millonaria que asegura no estar en condiciones de pagar.
Una situación que deja una pregunta de fondo: cuando un vecino reclama por el servicio, ¿quién controla que el procedimiento sea justo, transparente y debidamente probado?